El Estado peruano responsable por la esterilización forzada y la muerte de Celia Ramos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que declara al Estado peruano responsable internacionalmente por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand. 

El caso ocurrió en 1997 durante el gobierno de Alberto Fujimori, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Los hechos del caso

Celia Edith Ramos Durand fue sometida a una ligadura de trompas en 1997. La Corte Interamericana determinó que fue presionada por personal de salud para aceptar la intervención quirúrgica.

Según el fallo, Celia Ramos fue sometida a una intervención quirúrgica de esterilización en una posta de salud que no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias.

Durante la intervención presentó una reacción alérgica severa, permaneció internada 19 días y falleció el 22 de julio de 1997.

La Corte concluyó además que el documento que firmó antes de la operación no cumplió con los requisitos del consentimiento libre, pleno e informado, pues fue obtenido bajo coerción, mediante presiones del personal de salud y sin información adecuada sobre el procedimiento, sus riesgos, alternativas o consecuencias. Por ello, determinó que lo ocurrido fue una esterilización forzada.

Una política estatal, no casos aislados

Uno de los puntos más importantes de la sentencia es que la Corte sostuvo que las circunstancias del procedimiento practicado a Celia Ramos no constituyeron un caso aislado, sino que fueron parte de una política estatal orientada a promover la esterilización masiva, principalmente contra mujeres en situación de vulnerabilidad.

El fallo recoge además que, en el marco de ese programa, hubo aproximadamente 314 mil 605 esterilizaciones a mujeres y 24 mil 563 a hombres, con especial afectación sobre mujeres indígenas, pobres y rurales.

El precedente y las implicancias

Esta sentencia desmiente la versión oficial que durante años sostuvo que las esterilizaciones forzadas nunca ocurrieron en el Perú. Establece que no fueron excesos individuales sino una política institucional, implicando responsabilidad a nivel de diseño y ejecución de programas gubernamentales.

El Estado peruano debe ahora reparar a la familia de Celia Ramos, investigar los hechos, sancionar a responsables y garantizar no repetición mediante reformas institucionales.

Para las miles de mujeres víctimas del mismo programa, esta sentencia abre camino para que sus casos sean reconocidos oficialmente, accedan a reparaciones, se investiguen penalmente los hechos y se implementen programas de salud para atender secuelas físicas y psicológicas.