La lista de blindados políticos: El Congreso archivó denuncias contra congresistas y ministros
El Congreso ha archivado y paralizado investigaciones por delitos graves a funcionarios relacionados a bancadas políticas con presencia en las comisiones evaluadoras
En su último pronunciamiento, la fiscal suprema Delia Espinoza compartió una lista de denuncias constitucionales que evidencia cómo el Congreso ha archivado o dejado sin atención acusaciones contra políticos relacionados al gobierno de turno.
Los beneficiados
Entre los políticos que han visto archivadas sus investigaciones o las mantienen paralizadas figuran congresistas, ex ministros y jueces del panorama político actual.
Héctor Becerril de Alianza Para el Progreso (APP) tenía una denuncia por enriquecimiento ilícito que fue archivada. De la misma bancada, Rosio Torres enfrentaba acusaciones por concusión y peculado doloso, que también fueron archivadas.
Por parte de Avanza País, Salvador Heresi vio archivada su investigación por enriquecimiento ilícito, mientras que José Williams Zapata logró el archivo de su denuncia por negociación incompatible. Jessica Amuruz, también de Avanza País, obtuvo el mismo resultado para su caso de negociación incompatible.
Incluso, la presidenta Dina Boluarte mantiene varias denuncias pendientes por cohecho, colusión, lesiones, encubrimiento y omisión de funciones. Una de ellas ya fue archivada.
Investigaciones estancadas
Más allá de las acusaciones archivadas, el Congreso ha dejado pendiente investigaciones contra funcionarios. Entre los casos estancados se encuentran las investigaciones contra congresistas vinculados al caso Los Niños, ministros del actual gobierno y fiscales cercanos a Patricia Benavides.
La propia Benavides, exfiscal de la Nación, mantiene múltiples denuncias, algunas archivadas y otras en trámite.
Del mismo modo, figuras del ejecutivo como Alberto Otárola mantienen denuncias por colusión y negociación incompatible sin fechas claras de resolución.
El poder de las comisiones en el Congreso
Aunque el Ministerio Público inicia las investigaciones, el proceso depende del Congreso, que decide si se procesa o no al funcionario denunciado. Este sistema ha facilitado que los congresistas puedan decidir sobre sus propios colegas o aliados políticos.
Las comisiones que archivaron la mayoría de estos casos fueron presididas por congresistas de Alianza Para el Progreso.
En consecuencia, a la fecha se mantiene una concentración del poder de decisión en una fuerza política —tanto en el legislativo como en el ejecutivo— para determinar el destino de investigaciones contra aliados, permitiendo que este blindaje pueda extenderse por lo menos hasta mediados del 2026.
Nota emitida el 3 de agosto del 2025